Por: Carolina Vrs-Zubieta
Sobre la violencia estructural, el sociólogo Johan Galtung, afirma que es una de las violencias que son invisibles, es decir; pueden ser accionadas cotidianamente, sin que las personas puedan notar que son violentadas o que son quienes violentan.
Se trata de una violencia que: “Mantiene a una población en situación permanente de debilidad”, es donde habitan las vidas precarizadas por situaciones de pobreza, miseria y opresión.
Los migrantes venezolanos en Colombia, según datos de Migración Colombia son 1 millón 825 mil regularizados en el país. Es común escuchar a funcionarios públicos o figuras de renombre, como la alcaldesa Claudia López o la periodista Claudia Palacios, facilitar narrativas en las que los migrantes están en el país para “Parir o delinquir”.
La población venezolana es estigmatizada, es decir; no obstante, aunque sean refugiados, la calidad de estos, o la que tendrían en países denominados de primer mundo quienes decidieron recibir a los ciudadanos venezolanos que puedan recibir en condiciones dignas, serían distintas a las que viven en Colombia.
Las vidas precarizadas o cómo lo denominaría en 2015, Adela Cortina, “Se quiere al turista que es rico, no al turista que es pobre” con su teoría sobre la aporofobia, fobia al pobre.
Cabe resaltar que los migrantes además de ser estigmatizados, también soportan condiciones de pobreza en los países que residen y ocupan parte de la planta de mano obra barata en los mismos; es importante ubicar la violencia estructural dentro de aquello que corresponde a brechas estructurales.
Las brechas estructurales son aberturas, que no dependen o recaen en la sociedad civil, son responsabilidad del agenciamiento en políticas públicas del Gobierno Nacional, en este caso desde Migración Colombia.
Desde la dignidad humana y los DD. HH, es imperante una solución en vez de una excusa, los males no llegaron al país con los migrantes, pero sí se exacerbaron; lo que los hace permanecer en círculos de violencias y que son expresadas en microviolencias cotidianas dentro de la población civil.
La delincuencia común, el desempleo, el insuficiente salario mínimo (uno de los más bajos a nivel de América Latina) constituyen insumos para la desigualdad social, no dependen de la migración venezolana.
Son responsabilidad de las instituciones que cuentan con los recursos y el personal idóneo para responder a las necesidades políticas, sociales, y económicas, de la ciudadanía y según pactos internacionales, también de los refugiados, por el principio humano de hospitalidad.
Al respecto, es vital aclarar que la -culpa- dista de la -responsabilidad- si una persona connacional o no, comete un delito debe hacerse justicia, pero no debe culparse del acontecer del país, la justicia también es una exigencia de la dignidad humana.
Un reflexión final:
