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Profesión y oficio: Necesidad de la tarjeta profesional para comunicadores sociales y periodistas en Colombia

Por Daniel Molina Novoa

2018 10 25 01 47 29

En 1998, la Corte Constitucional dejaba sin vigor la Ley 51 de 1975 que regía al Estatuto del Periodista y que aseguraba que el comunicador social y periodista contara con una tarjeta profesional una vez graduado. Aquel año, en ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria, se argumentó que la denominada ‘ley del periodista’ limitaba la libertad de expresión al restringir la capacidad de informar masivamente únicamente a aquellos con un título universitario, además de considerar que la Ley promovida en 1975 por el gobierno de López Michelsen era incompatible con la Constitución Política de 1991 (El Espectador, 2018). Desde entonces, han habido varios intentos para anular la inexequibilidad de la Ley de 1975 y devolver la tarjeta profesional a los comunicadores sociales y periodistas, el último de éstos el proyecto de ley 234 de 2018 promovido por el congresista Mauricio Aguilar que, además de perseguir recuperar el carácter profesional de esta área, pretende también crear un “Consejo Profesional del Comunicador Social – Periodista y Organizacional” (Salazar, 2018).

Ahora bien, la tarjeta profesional que le es entregada a los graduados de diversas carreras universitarias del país tiene como objetivo garantizar que el individuo atravesó un proceso formativo que le permite ejercer una profesión y sus tareas específicas de forma efectiva, ya que cuenta con el bagaje teórico-práctico necesario para dicha labor. Ésto, además, indica que el sujeto es idóneo para desempeñar este ejercicio y que ningún otro colombiano puede suplirlo, a menos que cuente con la tarjeta profesional respectiva.

El haber despojado al periodista de su respectiva tarjeta profesional parece sugerir, entonces, que el ejercicio periodístico no requiere de una formación teórico-práctica y que éste, lejos de ser una profesión, es solamente un oficio que puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano, sean cuales sean sus saberes. Es entonces cuando algunos de nosotros, periodistas ya graduados o en formación, alzamos la voz y afirmamos: los comunicadores sociales y periodistas debemos tener tarjeta profesional, como cualquier  otra profesión del país. No solo por el hecho de contar con este documento que, a fin de cuentas, es solo eso, un documento, sino por responsabilizar a la profesión y delimitar su gestión a aquellos que se han formado para esto.

La frase de “el periodista nace, no se hace” quizá aplicaba en los primeros años del siglo XX, cuando el ejercicio de reportería y persecución de la información empezaba de forma empírica y era en el fragor de las salas de redacción donde se afianzaba la habilidad necesaria para llevar a cabo esta tarea, no obstante, como afirmaba la Unesco en un documento publicado en 1958, con el crecimiento exponencial que vivió el periodismo luego de la Segunda Guerra Mundial se hizo necesario para los veteranos del oficio adoptar una estrategia metodológica en la cual se establecieran principios y reglas a seguir para la producción y entrega de información a la ciudadanía. En estos años apenas empezaba a asomar la necesidad de fortalecer la formación en materia audiovisual, desmarcándose de la prensa escrita y la radio únicamente, y adoptando maneras de informar a través de la televisión que estaba en desarrollo (Unesco, 1958). Con la evolución de los medios de comunicación, junto al desarrollo de nuevas tecnologías y sus respectivos nuevos formatos, la labor del periodista se amplió y se hizo necesaria la agrupación de todos estos saberes técnicos con la formación teórica que requiere la comprensión de los fenómenos políticos, científicos, culturales, deportivos y un largo etcétera de los campos en los que se generan noticias y opinión. A la tarea del periodista se suma, pues, la obligación de entregar información de diferentes índoles al público y para ésto el profesional no debe contar únicamente con el instinto periodístico y una buena habilidad de redacción o edición, sino también con las competencias para informar acerca de un tema en específico y traducir información en ocasiones muy técnica en un lenguaje lo suficientemente comprensible para el lector de a pie, haciendo la comunicación efectiva. Además, en la era de la información, es tal la producción de contenido que se publica a diario con las redes sociales e internet en general, que es imposible estar al tanto de toda ésta y es responsabilidad, no solo de Google, sino también de los medios de comunicación filtrar entre este flujo exagerado de datos las publicaciones y sucesos que son relevantes para el entendimiento de la realidad de los ciudadanos. Así pues, se hace evidente la necesidad de la condensación de todos estos saberes en la academia, que garantice la formación de periodistas profesionales que sepan llevar a cabo su trabajo desde una base conceptual, práctica y deontológica, que no solo logren comunicar efectivamente las realidades del país, sino que también lo hagan desde una posición ética que asegure la imparcialidad y transparencia que debe regir en el periodismo.

El argumento que la Corte Constitucional esgrimió hace 20 años para invalidar el Estatuto del Periodista fue, principalmente, que éste no era coherente con la libertad de expresión que era cobijado como un derecho fundamental por la Constitución Política de 1991. 20 años después, parecen haber suficientes vías para manifestar la libre expresión más allá de la radio, la televisión y la prensa escrita: las redes sociales son una gran vía para expresar el pensamiento sin muchos obstáculos diferentes a los que ya existen en el mundo físico, es decir, siempre que no vaya en contra de otro derecho fundamental, la libre expresión puede manifestarse de cualquier forma en que el individuo desee; asimismo, están los blogs, páginas web y plataformas de vídeo en donde cualquiera es libre de publicar su opinión y masificarla digitalmente. No obstante, la libertad que significa poder compartir el pensamiento sin trabas no implica necesariamente que esto se haga de forma correcta o ética, responsabilidad que guardan, entonces, los medios de comunicación que tienen, de alguna forma, la confianza del público y de los que se considera que se imparte información veraz e imparcial y que, por tanto, necesitan de profesionales que cuenten con estos elementos fundamentales desde la academia para el ejercicio periodístico.

Además, también está la implicación laboral que significa tener o no tarjeta profesional en una determinada profesión. Al periodismo, como bien lo dice el columnista del Heraldo, Alberto Martínez (2018), llegan profesionales de todas las áreas y de ninguna, brindando el derecho de acreditar al periodista al medio que lo contrata, más no a la universidad que lo forma, y al no existir una restricción que garantice al periodista la exclusividad de su labor, en los medios siguen siendo contratados personajes que nunca han pasado por una enseñanza formal de periodismo y que, como bien decía Capote, lo adoptan como un trabajo en el cual escampar cuando las cosas no van bien en sus respectivas áreas (Plimpton, 1966). Con esto no quiero menospreciar o ignorar los saberes que otras áreas del conocimiento pueden traer a la profesión, sino exigir que sea quien sea que se dedique a hacer periodismo lo haga desde una formación apropiada para este ejercicio, para ello existen en Colombia casi 50 postgrados que dan maestría o especializan en la materia, y los instruyen no solo con los aspectos técnicos o teóricos, sino también con la ética que es fundamental para la profesión.

OPINIÓN

ACTUALIDAD

Profesión y oficio: Necesidad de la tarjeta profesional para comunicadores sociales y periodistas en Colombia

Por Daniel Molina Novoa

2018 10 25 01 47 29

En 1998, la Corte Constitucional dejaba sin vigor la Ley 51 de 1975 que regía al Estatuto del Periodista y que aseguraba que el comunicador social y periodista contara con una tarjeta profesional una vez graduado. Aquel año, en ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria, se argumentó que la denominada ‘ley del periodista’ limitaba la libertad de expresión al restringir la capacidad de informar masivamente únicamente a aquellos con un título universitario, además de considerar que la Ley promovida en 1975 por el gobierno de López Michelsen era incompatible con la Constitución Política de 1991 (El Espectador, 2018). Desde entonces, han habido varios intentos para anular la inexequibilidad de la Ley de 1975 y devolver la tarjeta profesional a los comunicadores sociales y periodistas, el último de éstos el proyecto de ley 234 de 2018 promovido por el congresista Mauricio Aguilar que, además de perseguir recuperar el carácter profesional de esta área, pretende también crear un “Consejo Profesional del Comunicador Social – Periodista y Organizacional” (Salazar, 2018).

Ahora bien, la tarjeta profesional que le es entregada a los graduados de diversas carreras universitarias del país tiene como objetivo garantizar que el individuo atravesó un proceso formativo que le permite ejercer una profesión y sus tareas específicas de forma efectiva, ya que cuenta con el bagaje teórico-práctico necesario para dicha labor. Ésto, además, indica que el sujeto es idóneo para desempeñar este ejercicio y que ningún otro colombiano puede suplirlo, a menos que cuente con la tarjeta profesional respectiva.

El haber despojado al periodista de su respectiva tarjeta profesional parece sugerir, entonces, que el ejercicio periodístico no requiere de una formación teórico-práctica y que éste, lejos de ser una profesión, es solamente un oficio que puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano, sean cuales sean sus saberes. Es entonces cuando algunos de nosotros, periodistas ya graduados o en formación, alzamos la voz y afirmamos: los comunicadores sociales y periodistas debemos tener tarjeta profesional, como cualquier  otra profesión del país. No solo por el hecho de contar con este documento que, a fin de cuentas, es solo eso, un documento, sino por responsabilizar a la profesión y delimitar su gestión a aquellos que se han formado para esto.

La frase de “el periodista nace, no se hace” quizá aplicaba en los primeros años del siglo XX, cuando el ejercicio de reportería y persecución de la información empezaba de forma empírica y era en el fragor de las salas de redacción donde se afianzaba la habilidad necesaria para llevar a cabo esta tarea, no obstante, como afirmaba la Unesco en un documento publicado en 1958, con el crecimiento exponencial que vivió el periodismo luego de la Segunda Guerra Mundial se hizo necesario para los veteranos del oficio adoptar una estrategia metodológica en la cual se establecieran principios y reglas a seguir para la producción y entrega de información a la ciudadanía. En estos años apenas empezaba a asomar la necesidad de fortalecer la formación en materia audiovisual, desmarcándose de la prensa escrita y la radio únicamente, y adoptando maneras de informar a través de la televisión que estaba en desarrollo (Unesco, 1958). Con la evolución de los medios de comunicación, junto al desarrollo de nuevas tecnologías y sus respectivos nuevos formatos, la labor del periodista se amplió y se hizo necesaria la agrupación de todos estos saberes técnicos con la formación teórica que requiere la comprensión de los fenómenos políticos, científicos, culturales, deportivos y un largo etcétera de los campos en los que se generan noticias y opinión. A la tarea del periodista se suma, pues, la obligación de entregar información de diferentes índoles al público y para ésto el profesional no debe contar únicamente con el instinto periodístico y una buena habilidad de redacción o edición, sino también con las competencias para informar acerca de un tema en específico y traducir información en ocasiones muy técnica en un lenguaje lo suficientemente comprensible para el lector de a pie, haciendo la comunicación efectiva. Además, en la era de la información, es tal la producción de contenido que se publica a diario con las redes sociales e internet en general, que es imposible estar al tanto de toda ésta y es responsabilidad, no solo de Google, sino también de los medios de comunicación filtrar entre este flujo exagerado de datos las publicaciones y sucesos que son relevantes para el entendimiento de la realidad de los ciudadanos. Así pues, se hace evidente la necesidad de la condensación de todos estos saberes en la academia, que garantice la formación de periodistas profesionales que sepan llevar a cabo su trabajo desde una base conceptual, práctica y deontológica, que no solo logren comunicar efectivamente las realidades del país, sino que también lo hagan desde una posición ética que asegure la imparcialidad y transparencia que debe regir en el periodismo.

El argumento que la Corte Constitucional esgrimió hace 20 años para invalidar el Estatuto del Periodista fue, principalmente, que éste no era coherente con la libertad de expresión que era cobijado como un derecho fundamental por la Constitución Política de 1991. 20 años después, parecen haber suficientes vías para manifestar la libre expresión más allá de la radio, la televisión y la prensa escrita: las redes sociales son una gran vía para expresar el pensamiento sin muchos obstáculos diferentes a los que ya existen en el mundo físico, es decir, siempre que no vaya en contra de otro derecho fundamental, la libre expresión puede manifestarse de cualquier forma en que el individuo desee; asimismo, están los blogs, páginas web y plataformas de vídeo en donde cualquiera es libre de publicar su opinión y masificarla digitalmente. No obstante, la libertad que significa poder compartir el pensamiento sin trabas no implica necesariamente que esto se haga de forma correcta o ética, responsabilidad que guardan, entonces, los medios de comunicación que tienen, de alguna forma, la confianza del público y de los que se considera que se imparte información veraz e imparcial y que, por tanto, necesitan de profesionales que cuenten con estos elementos fundamentales desde la academia para el ejercicio periodístico.

Además, también está la implicación laboral que significa tener o no tarjeta profesional en una determinada profesión. Al periodismo, como bien lo dice el columnista del Heraldo, Alberto Martínez (2018), llegan profesionales de todas las áreas y de ninguna, brindando el derecho de acreditar al periodista al medio que lo contrata, más no a la universidad que lo forma, y al no existir una restricción que garantice al periodista la exclusividad de su labor, en los medios siguen siendo contratados personajes que nunca han pasado por una enseñanza formal de periodismo y que, como bien decía Capote, lo adoptan como un trabajo en el cual escampar cuando las cosas no van bien en sus respectivas áreas (Plimpton, 1966). Con esto no quiero menospreciar o ignorar los saberes que otras áreas del conocimiento pueden traer a la profesión, sino exigir que sea quien sea que se dedique a hacer periodismo lo haga desde una formación apropiada para este ejercicio, para ello existen en Colombia casi 50 postgrados que dan maestría o especializan en la materia, y los instruyen no solo con los aspectos técnicos o teóricos, sino también con la ética que es fundamental para la profesión.

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