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Martes, 17 Julio 2018

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Martes, 17 Julio 2018

Arte, ciencia y tecnología

En salud mental Colombia aún tiene mucho por hacer

Boletín ACN

Por: Laura Martínez; Camilo Puerto

Periodistas Arte, Ciencia y Tecnología 

Según el Ministerio de Salud y Protección social la violencia es un problema de salud pública, el más grande de Colombia. Teniendo como precedente lo que esta entidad afirma y a unos días de haberse publicado el acuerdo final entre las FARC y el Estado colombiano, es importante preguntarse cómo Colombia ha afrontado la atención integral a sus víctimas del conflicto, sobre todo en lo relacionado con acompañamiento sicosocial.

¿Qué dice el acuerdo?

En el reciente acuerdo publicado por el Gobierno Nacional en el que se establecen las condiciones sobre las que se desarrollaría el posconflicto o posacuerdo, se evidencia, específicamente en la página 83 del mismo, las Medidas de atención sicosocial, lo que deja entrever que estos son los planes de atención que se desarrollarán. Al leer el acuerdo no queda claro cómo se llevará a cabo la atención a estos paciente, pero se establece que: “Se tomarán todas las medidas para proveer de herramientas en materia de atención psicosocial de carácter individual o colectivo y con enfoque de género, a aquellos destinatarios/as del programa de protección que hayan resultado afectados/as en razón de cualquier agresión a la vida e integridad física”.

El acompañamiento a víctimas se centra en aquellos lugares donde la violencia fue, y es todavía, más aguda, por ende, en estos sitios es donde existe una población que necesita de apoyo, además de aquellos grupos sociales que han sido afectados por su condición de minorías. Al respecto el texto dice que:

“El conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. Sin olvidar otras formas menos visibles, pero no menos dolorosas de victimización, como la violencia sexual, las afectaciones psicológicas, o la simple convivencia con el miedo.”

Hay intenciones de construir un posconflicto teniendo en cuenta la ayuda sicosocial, pero dado que, según estudios recientes del Ministerio de Salud y Protección Social y diferentes centros educativos como la Pontificia Universidad Javeriana, en Colombia existen fallas en la prestación de este servicio, lo que genera duda al pensar en cómo se le dará a víctimas y victimarios un tratamiento funcional que les permita reinsertarse en la sociedad y seguir adelante con sus vidas, es todavía una de las preguntas que se hace a este acuerdo.

Latinoamérica, un panorama oscuro en salud mental

A través de los años, alrededor del mundo las investigaciones en salud mental han dado luces sobre lo que antes era interpretado por otras ciencias o creencias, que explicaban, equivocadamente, fenómenos emocionales en los seres humanos. Un ejemplo de ello fueron los exorcismos realizados a muchas personas que sufrían de una condición mental inestable; por ello, los avances en esta materia permitieron dar paso a otras dinámicas y darle a la salud mental el puesto que merecía en el desarrollo de los seres humanos.

Esta clase de estudios y ese puesto meritorio a la prestación de ayuda sicosocial en los países latinoamericanos no tiene tanta profundización aun sabiendo que tiene gran incidencia en la calidad de vida y el buen desarrollo de las personas. Se ha encontrado y evidenciado que problemas económicos y sociales, junto con la guerra, son factores que aumentan la probabilidad de sufrir de esta clase de enfermedades que son silenciosas, pero afectan a gran parte de la población.

Se podría concluir que la salud mental es un problema al que no se le ha dado la relevancia que necesita dentro de los países en los cuales las cifras de problemas asociados a la salud mental son tan altas, por ejemplo, México y Guatemala.

Sin embargo, en 1990, específicamente en noviembre, se creó un archivo que marcaría un hito histórico en Latinoamérica y el Caribe, ya que se convirtió en el cimiento en diversos países para la acción adecuada en cuanto se refiere a atención de trastornos sicosociales y mentales, este documento se denominó la “Iniciativa para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica”, mejor conocido como “Declaración de Caracas”, adoptado en Caracas Venezuela.

Esta declaración dentro de todas sus afirmaciones con las cuales buscaba una mejora en las políticas, - si existían -, y en el manejo de la salud mental, enfatizó en el hecho de que la atención convencional que concebía un proceso dentro de los hospitales psiquiátricos no era suficiente para un cuidado caracterizado por ser comunitario, continuo, preventivo y sobre todo, integral.

Según la Encuesta Epidemiológica de Salud Mental,  América Latina y el Caribe en materia de salud mental lo primero que se debe saber es que el 22 por ciento de la carga total de enfermedades de este lado del continente pertenecen a los trastornos mentales y neurológicos; aún con esta cifra, los recursos existentes para afrontar esta carga tan alarmante son insuficientes, en general, porque la distribución de estos no es la más adecuada. Además, en muchos países aún se piensa y mantiene un sistema de hospitales psiquiátricos, cuya vigencia y calidad en los tratamientos no es la adecuada.

Se establece en esta encuesta que, del 22 por ciento de personas con estos trastornos, sólo un pequeño porcentaje (3 por ciento) recibe atención de calidad. A este problema se suma que generalmente los trastornos existentes afectan a personas de estratos socioeconómicos bajos quienes tienen poco acceso a entidades de salud que ofrezcan servicios especializados en su país.

Después de los acuerdos de paz suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (RUNG) iniciados en 1987 y finalizados el 29 de diciembre de 1996, se puede tomar como ejemplo a México, país directamente afectado por la guerra ocurrida en este periodo, para comprender la salud mental después de un posacuerdo.

A raíz del acuerdo firmado y habiendo estudiado a su población años después de terminado el conflicto, se encontró que para inicios del siglo XXI, entre el 2001 y el 2002, la Organización Mundial de la Salud en Salud Mental, realizó una investigación en este país, seleccionando la población que vivía en áreas urbanas con el fin de identificar la manera en que se encontraba esta sociedad 5 años después de firmar un tratado de paz. El primer dato arrojado identificó que 1 de cada 4 mexicanos entre los 18 y 65 años, tiene una historia de trastornos mentales, dentro de los cuales, la proporción de hombres que notificaron la existencia de uno o más trastornos en su vida (25,2 por ciento), superó la de las mujeres (22,4 por ciento). En el siguiente cuadro se pueden observar estas cifras.

PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS MENTALES SEGÚN EL SEXO

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Dentro de los mexicanos investigados, las cifras más importantes se dieron entre aquellos que experimentaron la muerte de un familiar de forma inesperada o que alguna vez fueron amenazados con un arma, equivalentes al 26,9 por ciento y al 24,6 por ciento respectivamente. Esto es de suma importancia y se tiene en cuenta ya que estas dos acciones están fuertemente arraigadas al tipo de violencia que se presenta por el conflicto existente en países donde hay presencia de grupos armados. Además, la encuesta realizada reveló que 1 de cada 10 habitantes recibe atención y que la mayoría, por falta de información, no busca ayuda.

La guerra y posterior acuerdo en países como México y Guatemala a causa del conflicto entre civiles que se vivió entre los años 80 y 90, son un ejemplo para Colombia de lo que en materia de salud mental podría acarrear a sus víctimas en caso de que la atención prestada no se dé de forma adecuada.

¿Qué dice la academia sobre la salud mental en Colombia?

Aunque el panorama en Latinoamérica no es alentador, en Colombia la situación parece estar en el mismo camino. La Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM), ha arrojado cifras poco alentadoras: como que 12 de cada 100 adolescentes entre 13 y 17 años, tiene algún trastorno mental debido a las fracturas en sus núcleos familiares (separaciones, violencia intrafamiliar, entre otras). Sin embargo, la encuesta no tienen en cuenta quienes han sido víctimas del conflicto y los trastornos que esta población específica pueda tener.

Investigaciones como las del profesor Leonardo Ayala apuntan a que la violencia en Colombia es más de lo que se piensa. Ayala realiza una distinción muy específica entre agresividad y violencia, siendo la primera, un instinto humano necesario para la interacción y la otra un comportamiento en el que se usa la fuerza física y el poder. De tal forma, la violencia resulta ser más un problema social que no tiene necesariamente que ver con la agresión. Parte de esa idea, porque es este el lugar común desde el que se han explicado los diversos comportamientos de los colombianos. La violencia política, la más notable en las últimas décadas es una de las más preocupantes puesto que nace de problemas estructurales internos: economía, salud, y agricultura, una de las razones fundamentales por las que se crearon estas luchas que tienen consecuencias directas sobre los imaginarios de la sociedad civil y las víctimas directamente afectadas.

Una de las afirmaciones más contundentes que realiza Leonardo Ayala es que la violencia se convirtió en el medio de comunicación entre el Estado y las guerrillas, destacándose tres escenarios fundamentales: masacres, desplazamiento forzado y secuestro. Por otro lado, esta es de las pocas investigaciones psiquiátricas que se hacen del fenómeno de la violencia, la primera fue en 1959 mediante el círculo de conferencias que llevó por nombre “Radiografía del Odio en Colombia”.

Por este motivo, y siguiendo las palabras de Mita Rosese Periago, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “el resto es pasar de los números y las tasas hacia la acción concreta para modificar la situación desfavorable actual”. Para ello, es menester que el país eduque profesionales en salud con el fin de que atiendan a estas víctimas, porque para dar un trato adecuado se necesitan personas capacitadas en el tema de conflicto armado.

Luisa Fernanda Ruiz, psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia destaca que la atención a víctimas especiales, es decir, comunidades indígenas, como la Emberá, debe ser tratada lejos de las convenciones existentes ya que se trata de comunidades ancestrales a las que les han sido vulnerados su derechos por distintos actores de la violencia. Por ello, la academia no solo reconoce la existencia de problemas y trastornos relacionados al conflicto sino también la necesidad de afrontarlos desde un escenario social incluyente.

El panorama sigue siendo oscuro, a pesar de que existan apéndices que hablen sobre este tema en los acuerdos. Debe hacerse seguimiento a las propuestas para que estas presenten realidades que vayan más allá de las cifras.