LogoACN

logo ucentral

               

Dos hermanos de pelea

La frontera entre Colombia y Venezuela ha visto pasar a miles de colombianos en el último mes, con sus pocas pertenencias al hombro. Desde el 20 de agosto han cruzado el río Táchira con muebles, lavadoras, camas, colchones y lo poco que pudieron conservar. El cierre fronterizo ha causado una crisis humanitaria masiva, mientras los dos países se culpan entre ellos. ¿Cuáles son sus argumentos?

 

Por J. Patiño y P. Herrera

 

ACN

Foto: Hombre en Maracaibo. Uso público.  pixabay.com  

 

Todo empezó cuando el oficialismo venezolano afirmó que tres militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fueron emboscados por paramilitares el pasado 19 de agosto. Los uniformados resultaron heridos en un operativo contra el contrabando, en el barrio Simón Bolívar en la ciudad de San Antonio de Táchira.

 

Al día siguiente, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera de San Antonio de Táchira y Ureña con Colombia. Anunció que la medida sería por 72 horas. Pero en los días siguientes dijo que no abriría la frontera hasta que la situación de seguridad se restableciese y pararan los ataques de Colombia contra su economía.

 

La Canciller colombiana María Ángela Holguín y el presidente Santos se mostraron sorprendidos por las medidas que había tomado el Gobierno venezolano. Sin embargo, este era un problema que se veía venir.

Diferencias económicas

 

Ronal Rodríguez es politólogo, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Dice que hay que entender que la economía venezolana y la economía colombiana son dos sistemas muy diferentes. Colombia ha decidido tener una lógica de libre mercado. Hay vigilancia del Gobierno, pero si los agentes económicos cumplen la ley, no hay ningún problema. El caso venezolano es diferente, pues una parte importante de sus productos son subsidiados. Allí hay una economía dependiente de la renta petrolera. Estas diferencias son muy difíciles de conciliar en el mercado, y uno de sus resultados es el contrabando.

 

La Ley Orgánica de Precios Justos de 2014 en Venezuela, estableció los precios máximos de los bienes y servicios. Fijó un porcentaje máximo de ganancia para los productos, lo que hace que el precio del combustible, del papel higiénico y muchos otros productos no se puedan modificar.

 

Venezuela no es un país industrializado, por eso las empresas tienen que importar materias primas y productos. Pero el gobierno asignó un cupo específico de divisas para importaciones. Pero así las empresas privadas no pueden cubrir la demanda del país. De acuerdo con Ronal Rodríguez, en Venezuela se ha cometido uno de los peores errores económicos: minar la confianza del comprador. Mientras que en Colombia una persona compra lo que necesita, allá una persona compra todo lo que puede. No se sabe si al poco tiempo se encontrarán esos mismos productos en el mercado.

 

Con la devaluación del bolívar -que se cree será del 200% para este año-, el salario de los venezolanos pierde valor muy rápido. Por eso el ahorro es imposible. Los sueldos están condicionados por la inflación. Esa es otra razón para comprar apenas se recibe dinero, y para que los supermercados queden totalmente desabastecidos.

 

A eso se suma el contrabando. Rodríguez explica que “esta lógica ha creado un fenómeno en la zona de frontera, donde productos venezolanos subsidiados vienen para el lado colombiano”. Como el precio de muchas cosas es menor en Venezuela, la gente las trae para este lado de la frontera y les saca una buena ganancia. Quienes se dedican a esto son llamados “bachaqueros”. Pero son los grandes contrabandistas los que desangran el mercado venezolano, y de paso afectan el comercio colombiano. Los grandes camiones que traen mercancía y sobornan a la Guardia Venezolana hacen parte de un negocio ilegal que es incluso más rentable que el narcotráfico. Este negocio sigue operando aunque esté “cerrada” la frontera.

 

Inseguridad

El fallecido presidente Hugo Chávez denunció en 2004 que había un plan de algunos opositores de su país y líderes paramilitares colombianos para asesinarlo. Ese año se capturó  a 153 personas en una finca de Caracas, presuntos paramilitares.

 

En los años previos a su muerte (2013) Chávez persistió en la denuncia. Actualmente, Maduro sostiene que la grave situación de inseguridad en Venezuela se debe a la acción de paramilitares colombianos. Ha señalado al expresidente Álvaro Uribe de conspirar para afectar al gobierno bolivariano e impulsar el paramilitarismo en ese país. Uribe lo ha negado enfáticamente.

 

Venezuela se ha convertido en uno de los países con más muertes violentas en el mundo. Un estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México arrojó que actualmente Caracas se considera la ciudad más peligrosa del mundo, después de San Pedro Sula en Honduras. El análisis presenta una tasa de 115,98 homicidios por cada 100.000 habitantes.

 

Jean Ayala es un venezolano de 35 años que vive en Caracas. Asegura que la delincuencia no puede ser peor. “Se roban los carros para los repuestos, porque no se consiguen. Atracan a todo el mundo. Las bandas están en una guerra con la Policía y lanzando granadas. Las zonas de paz, que son los barrios, en realidad son zonas de guerra. El país está militarizado todo, hasta en los mercados. Y la primera mafia son los militares revendiendo”.

 

En 2013, el Gobierno Venezolano se reunió con aproximadamente 280 bandas criminales para negociar su desarme y reinserción. Les prometió empleo y también insumos para producción. Las zonas donde se hicieron los acuerdos se llamaron zonas de paz, pero al parecer no hacen justicia a ese nombre porque las bandas de delincuentes ganaron más poder.

 

El politólogo Ronal Rodríguez expone que la inseguridad es, en parte, responsabilidad del Gobierno de Venezuela, porque soltó el monopolio de la fuerza. “Por una lógica política se decidió ceder parte de ese monopolio a ciudadanos que defendieran el proceso revolucionario”. Luego del intento de golpe de estado en 2002, las autoridades entregaron armamento a los civiles para defender la revolución . Con armas y entrenamiento militar, pero sin sentido de pertenencia, esas personas “fácilmente pueden pasar de lo legal a lo ilegal, y de hecho se les permitió en un momento determinado. Hoy la inseguridad está absolutamente desatada”.  

 

No obstante, el presidente Maduro sigue firme en sus declaraciones y mantiene la Operación Liberación del Pueblo (OLP), para “salvar al país del paramilitarismo” y construir una “nueva frontera de paz”.

 

Frontera cerrada

Los albergues en Norte de Santander no dan abasto para atender a los deportados y expulsados de Venezuela -entre los que hay bebés, mujeres embarazadas y ancianos-. La crisis humanitaria empeora cada día que pasa.  

 

También se ve afectada la economía colombiana en este panorama, aunque no en la misma medida que otros años. Dice Rodríguez que “ya no es la crisis Uribe-Chávez, en la que teníamos un comercio bilateral que estaba por encima de los 7 mil 500 millones de dólares, que se cayó a mil -y en su momento a 0-. Ya nuestra dependencia comercial no es tan grande. Los colombianos no están tan interesados como antes en vender en Venezuela”.

 

Aún así, varios sectores colombianos han sentido el peso de la crisis. El carbón, por ejemplo, ha tenido que buscar otras salidas y eso le hace perder competitividad. Quienes tenían negocios al otro lado de la frontera se han visto obligados a cerrarlos. Los mototaxistas y conductores de bus que transportaban a la gente que cruzaba se han quedado sin trabajo. Así como las personas dedicadas a actividades informales que se relacionaban con el tránsito entre un país y otro.

 

Los pimpineros son un ejemplo. Han perdido la fuente de sustento que les daba el combustible de Venezuela, gracias a que es el más barato del mundo. Los “bachaqueros” o pequeños contrabandistas fueron obligados a dejar de operar. A pesar de tratarse de una labor ilegal, ellos también se han quedado sin negocio.

 

Los venezolanos están sufriendo una gran ruptura. Muchos de ellos pasaban al lado colombiano por razones de trabajo, estudio, familia o para adquirir productos que no se encuentran en su país. Han perdido la libertad para desplazarse por un territorio que están acostumbrados a transitar.

 

ACN

 

Las historias de vida

Sofía, a quien llamaremos así por razones de seguridad, es una colombiana que tenía una panadería en Ureña. Solía llevar los insumos desde Cúcuta, debido a la escasez en Venezuela. Se vio obligada a cerrarla, y ni siquiera pudo hacerlo ella misma porque no le permitieron el paso. “Yo tenía una muchacha, la empleada que era venezolana. Ella siguió abriendo la panadería, con la materia prima que había para los días que alcanzara. Tuvimos que cerrarla porque se acabaron los insumos para seguir trabajando”.

 

Así mismo, Alberto (quien también solicitó proteger su identidad) se vio obligado a cerrar cinco asaderos de pollo que tenía en San Antonio de Táchira, San Cristóbal y Ureña. Los primeros días que siguieron al cierre de la frontera, Alberto logró mantener el control desde Cúcuta gracias a que su socio es venezolano y seguía administrando los locales. Pero cuando la Guardia Venezolana se enteró de que un colombiano también era dueño de esos negocios, entró a la fuerza y regaló todo.  

{music}images/AudiosAulayAsfalto{/music}

¿Qué viene?
Todo el mundo se pregunta por qué Nicolás Maduro ha hecho lo que ha hecho. Mientras que algunos ven en la OLP una distracción de los problemas del país, Ronal Rodríguez cree que Maduro ha buscado a quien culpar de esos problemas. Y la mejor opción que encontró para hacerlo es Colombia. “Para Nicolás Maduro es muchísimo más fácil decir que la inseguridad, el desabastecimiento, la inflación es culpa del paramilitarismo colombiano. Y no decir llevamos 16 años montando una serie de políticas en materia de seguridad y en materia económica, que nos han llevado hasta este punto”.

 

Jean Ayala afirma que los seguidores del presidente bolivariano apoyan las deportaciones ilegales, y todas las medidas que se han tomado contra Colombia. El discurso del enemigo externo ha sido efectivo con ellos. Ayala reconoce que hay problemas en la frontera, pero Maduro solo los hizo más graves. Y agrega: “Venezuela le pide perdón a Colombia,  hay otras maneras”.

 

El pasado 21 de septiembre, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro se reunieron en el Palacio Carondelet en Quito.El encuentro se facilitó por la intervención de los presidentes deEcuador y Uruguay, Rafael Correa y Tabaré Vásquez. Por fin se dio el diálogo, que era la única opción viable.

Rodríguez describe la situación desde una perspectiva histórica:A Churchill le tocó sentarse con Stalin a hablar. Y se tuvieron que poner de acuerdo para un problema mayor, que era el señor Adolfo Hitler. Nosotros tenemos un problema mayor en la frontera, gravísimo. Si los dos países nos dormimos, puede socavar la naturaleza de nuestros dos estados. Ese problema son las bandas criminales”.

 

Es cierto que el presidente Juan Manuel Santos no es ni remotamente Churchill, y Nicolás Maduro tampoco es Stalin. Pero era necesario dejar la rivalidad y el orgullo a un lado para enfrentar la crisis. Después de hablar durante cinco horas llegaron a un acuerdo de 7 puntos para “normalizar” la situación en la frontera. Ordenaron que los embajadores vuelvan a sus puestos y que los ministros de cada país se reúnan para aplicar lo acordado.

 

Colombianos y venezolanos esperan que el encuentro entre los dos mandatarios haya servido para algo más que posar para la foto. Después de todo, como dijo el presidente Santos “cuando dos mandatarios tienen diferencias, quienes sufren son los pueblos".