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Aborto legal en Colombia

acn aborto

 

De acuerdo con la sentencia C-355 de 2006, en Colombia, la interrupción voluntaria del embarazo solo se puede realizar por tres causales: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer embarazada, si el embarazo es consecuencia de un acceso carnal violento por parte de un pariente, la pareja o un extraño, y ante la malformación fetal. Actualmente, se quiere llegar a la despenalización del aborto, por parte de diversos sectores de la sociedad colombiana, para que sea legal, seguro y gratuito, “ampliando la autonomía sexual y reproductiva de los cuerpos gestantes; esto, a través de un trabajo de despenalización social y jurídica” (Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Colombia, 2018). Sin embargo, la iglesia católica ha mostrado su oposición sobre la interrupción voluntaria del embarazo, argumentando que

La vida humana es sagrada, porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin.  Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente (Bermúdez, 2005).

Las mujeres han luchado en el transcurso de la historia para que sus necesidades sean escuchadas y alcanzar un adecuado nivel de derechos fundamentales, aspecto que se ha incrementado a lo largo de los años 90 y los comienzos del siglo XXI, para hacer respetar su condición de ciudadanas con libertad de elección; en este caso, hace referencia a la libre decisión acerca de aspectos relacionados con su cuerpo y además a la autonomía de elección sobre su futuro. De igual manera, se debe tener en cuenta el bienestar físico y emocional de la mujer frente a la continuidad de un embarazo no deseado, ya que en Colombia es bastante común, especialmente en los sectores de bajos recursos, ya que según La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES, 2015) indica la negativa incidencia del embarazo adolescente en los sectores más vulnerables pues la fecundidad es mayor en: la zona rural, las regiones menos desarrolladas, los quintiles más bajos de riqueza y en los de menor nivel de educación.

Son niñas y adolescentes en estado de embarazo que no tienen protección del Estado ante la decisión de no dar continuidad a su embarazo debido a este tipo de causas, ante lo cual tienen que recurrir a métodos no clínicos e instituciones clandestinas para dar solución a esta problemática. Igualmente se trata de una estigmatización a la mujer, ya sea niña, adolescente o adulta; allí, es evidente el atraso social que se tiene respecto de lo que implican las condiciones justas del trato a la mujer por parte de las instituciones sociales que promueven el “no al aborto”. Así mismo, estos hijos resultantes de situaciones desventajosas, entran al contexto social con muy escasas oportunidades en materia de alimentación, atención familiar y especialmente de inclusión socio afectiva, con lo cual se genera una problemática aún más amplia, que traspasa la decisión sobre la continuidad o interrumpir el embarazo.

De este modo, Joimer Robayo, sociólogo de la Universidad Nacional en relación con los valores tradicionales católicos que benefician las decisiones de la mujer en el caso del aborto, afirma que estas decisiones tienen que fundamentarse en otros aspectos donde se debe promover los principios éticos en la formación del hogar y la familia, expresó que:

  

La emergencia de nuevas discusiones y avances sobre los principios de una ética ciudadana, pretenden sobrepasar los atavismos propios de una moral religiosa, cualquiera que sea está, en la que se trata del respeto a los ciudadanos en su capacidad de decidir sobre la forma como desean en un marco de derechos y obligaciones fundamentales. (Robayo,2019)

Ahora bien, Daniel Falla el secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), declaró que una minoría quiere imponer en Colombia el aborto como un derecho fundamental, de igual manera aseguró que la Iglesia Católica no cejará en la lucha y no aceptará que se apruebe esta práctica en el país que atenta contra los derechos humanos. (El Heraldo, 2012). Pero no se tienen en cuenta otras circunstancias que están afectando a las mujeres implicadas, como los establecimientos ilegales que al momento despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo las prácticas ilegales disminuirán y, además, la mujer no correrá riesgos ya que en Colombia el número de abortos clandestinos asciende a más de 400 mil, de los cuales 93 mil terminan en graves consecuencias para la salud de la mujer. (Conexión Capital,2017).

En todo esto ha existido un elemento en el que la Iglesia Católica y otros opositores al aborto han sustentado su posición, el “respeto a la vida”; tales posturas no consideran los efectos que tiene la procreación de sujetos en condiciones de desventaja social y económica, que ingresan al contexto social nada más con unas condiciones clínicas al nacimiento y luego son desprotegidos por el sistema social dado por el Estado; pero en ninguna instancia del embarazo o el nacimiento de hijos no deseados la Iglesia Católica, ejerce acción alguna para favorecer hijos de embarazos producto de la violencia física y psicológica y menos se ocupa de su futuro en términos de salud, educación y bienestar social. Entonces, la postura de la institución está centrada en el mantenimiento de la misma como un ente que anclado en la creencia se mantiene vigente y participa de decisiones políticas y conserva un capital económico importante, derivado de los procesos de conquista y colonia, pero que no aporta al bienestar ni de la mujer ni de sus hijos no deseados (Joimer Robayo, 2019).

Asimismo, la Quinta Encuesta Nacional de Demografía presentada por Profamilia, realizó durante diez meses entrevistas a 51.447 familias de todo el país y de todas las condiciones socioeconómicas, dando como resultado que más de la mitad de los embarazos no son deseados. Según el estudio, solo el 48 por ciento de los nacimientos de los últimos cinco años han sido deseados, el 30 por ciento lo quería, pero más tarde, y el 23 por ciento reportó como “francamente no deseado”. (Semana, 2011).

            Finalmente, para la Iglesia Católica el aborto es "Eliminar a un ser humano es como contratar a un asesino a sueldo para resolver un problema" (Papa Francisco, 2019) y su oposición se basa en defender la vida, pero no el derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo; asimismo, no ven las consecuencias positivas que conlleva la legalización del aborto, pues se evitan muertes por prácticas clandestinas y se pueden superar los índices de pobreza. Así que, para tomar decisiones relacionadas con la ley y en este caso para la interrupción voluntaria del embarazo se debe tener como prioridad la salud y el bienestar de la mujer que la moral religiosa, pues La iglesia católica no ha podido mantener control sobre una doble moral en muchos de sus sacerdotes y jerarcas; por una parte, defiende el derecho a la vida, pero al mismo tiempo no ha podido impedir que muchos de sus miembros abusen sexualmente de niños. “Curas con sida violando niños, obligándolos a practicarles sexo oral para después lavarles la boca con agua bendita para purificarlos. Un sacerdote que viola una niña, la embaraza y después la obliga a abortar”. (Caracol Radio, Cristóbal Vásquez, 2018).

Escrito por: Paula Andrea Valenzuela González

 

 

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De acuerdo con la sentencia C-355 de 2006, en Colombia, la interrupción voluntaria del embarazo solo se puede realizar por tres causales: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer embarazada, si el embarazo es consecuencia de un acceso carnal violento por parte de un pariente, la pareja o un extraño, y ante la malformación fetal. Actualmente, se quiere llegar a la despenalización del aborto, por parte de diversos sectores de la sociedad colombiana, para que sea legal, seguro y gratuito, “ampliando la autonomía sexual y reproductiva de los cuerpos gestantes; esto, a través de un trabajo de despenalización social y jurídica” (Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Colombia, 2018). Sin embargo, la iglesia católica ha mostrado su oposición sobre la interrupción voluntaria del embarazo, argumentando que

La vida humana es sagrada, porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin.  Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente (Bermúdez, 2005).

Las mujeres han luchado en el transcurso de la historia para que sus necesidades sean escuchadas y alcanzar un adecuado nivel de derechos fundamentales, aspecto que se ha incrementado a lo largo de los años 90 y los comienzos del siglo XXI, para hacer respetar su condición de ciudadanas con libertad de elección; en este caso, hace referencia a la libre decisión acerca de aspectos relacionados con su cuerpo y además a la autonomía de elección sobre su futuro. De igual manera, se debe tener en cuenta el bienestar físico y emocional de la mujer frente a la continuidad de un embarazo no deseado, ya que en Colombia es bastante común, especialmente en los sectores de bajos recursos, ya que según La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES, 2015) indica la negativa incidencia del embarazo adolescente en los sectores más vulnerables pues la fecundidad es mayor en: la zona rural, las regiones menos desarrolladas, los quintiles más bajos de riqueza y en los de menor nivel de educación.

Son niñas y adolescentes en estado de embarazo que no tienen protección del Estado ante la decisión de no dar continuidad a su embarazo debido a este tipo de causas, ante lo cual tienen que recurrir a métodos no clínicos e instituciones clandestinas para dar solución a esta problemática. Igualmente se trata de una estigmatización a la mujer, ya sea niña, adolescente o adulta; allí, es evidente el atraso social que se tiene respecto de lo que implican las condiciones justas del trato a la mujer por parte de las instituciones sociales que promueven el “no al aborto”. Así mismo, estos hijos resultantes de situaciones desventajosas, entran al contexto social con muy escasas oportunidades en materia de alimentación, atención familiar y especialmente de inclusión socio afectiva, con lo cual se genera una problemática aún más amplia, que traspasa la decisión sobre la continuidad o interrumpir el embarazo.

De este modo, Joimer Robayo, sociólogo de la Universidad Nacional en relación con los valores tradicionales católicos que benefician las decisiones de la mujer en el caso del aborto, afirma que estas decisiones tienen que fundamentarse en otros aspectos donde se debe promover los principios éticos en la formación del hogar y la familia, expresó que:

  

La emergencia de nuevas discusiones y avances sobre los principios de una ética ciudadana, pretenden sobrepasar los atavismos propios de una moral religiosa, cualquiera que sea está, en la que se trata del respeto a los ciudadanos en su capacidad de decidir sobre la forma como desean en un marco de derechos y obligaciones fundamentales. (Robayo,2019)

Ahora bien, Daniel Falla el secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), declaró que una minoría quiere imponer en Colombia el aborto como un derecho fundamental, de igual manera aseguró que la Iglesia Católica no cejará en la lucha y no aceptará que se apruebe esta práctica en el país que atenta contra los derechos humanos. (El Heraldo, 2012). Pero no se tienen en cuenta otras circunstancias que están afectando a las mujeres implicadas, como los establecimientos ilegales que al momento despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo las prácticas ilegales disminuirán y, además, la mujer no correrá riesgos ya que en Colombia el número de abortos clandestinos asciende a más de 400 mil, de los cuales 93 mil terminan en graves consecuencias para la salud de la mujer. (Conexión Capital,2017).

En todo esto ha existido un elemento en el que la Iglesia Católica y otros opositores al aborto han sustentado su posición, el “respeto a la vida”; tales posturas no consideran los efectos que tiene la procreación de sujetos en condiciones de desventaja social y económica, que ingresan al contexto social nada más con unas condiciones clínicas al nacimiento y luego son desprotegidos por el sistema social dado por el Estado; pero en ninguna instancia del embarazo o el nacimiento de hijos no deseados la Iglesia Católica, ejerce acción alguna para favorecer hijos de embarazos producto de la violencia física y psicológica y menos se ocupa de su futuro en términos de salud, educación y bienestar social. Entonces, la postura de la institución está centrada en el mantenimiento de la misma como un ente que anclado en la creencia se mantiene vigente y participa de decisiones políticas y conserva un capital económico importante, derivado de los procesos de conquista y colonia, pero que no aporta al bienestar ni de la mujer ni de sus hijos no deseados (Joimer Robayo, 2019).

Asimismo, la Quinta Encuesta Nacional de Demografía presentada por Profamilia, realizó durante diez meses entrevistas a 51.447 familias de todo el país y de todas las condiciones socioeconómicas, dando como resultado que más de la mitad de los embarazos no son deseados. Según el estudio, solo el 48 por ciento de los nacimientos de los últimos cinco años han sido deseados, el 30 por ciento lo quería, pero más tarde, y el 23 por ciento reportó como “francamente no deseado”. (Semana, 2011).

            Finalmente, para la Iglesia Católica el aborto es "Eliminar a un ser humano es como contratar a un asesino a sueldo para resolver un problema" (Papa Francisco, 2019) y su oposición se basa en defender la vida, pero no el derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo; asimismo, no ven las consecuencias positivas que conlleva la legalización del aborto, pues se evitan muertes por prácticas clandestinas y se pueden superar los índices de pobreza. Así que, para tomar decisiones relacionadas con la ley y en este caso para la interrupción voluntaria del embarazo se debe tener como prioridad la salud y el bienestar de la mujer que la moral religiosa, pues La iglesia católica no ha podido mantener control sobre una doble moral en muchos de sus sacerdotes y jerarcas; por una parte, defiende el derecho a la vida, pero al mismo tiempo no ha podido impedir que muchos de sus miembros abusen sexualmente de niños. “Curas con sida violando niños, obligándolos a practicarles sexo oral para después lavarles la boca con agua bendita para purificarlos. Un sacerdote que viola una niña, la embaraza y después la obliga a abortar”. (Caracol Radio, Cristóbal Vásquez, 2018).

Escrito por: Paula Andrea Valenzuela González

 

 

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